Ley de Descentralización del Estado de Honduras

Considerandos

Que para asegurar la gobernabilidad democrática en el país es necesaria la participación ciudadana por medio de sus diferentes organizaciones, y el fortalecimiento de las competencias técnicas, normativas, de coordinación, supervisión, evaluación y control de  los órganos de  la  administración pública centralizada y de las empresas e institutos públicos.

Que para asegurar la gobernabilidad democrática en el país es necesaria la descentralización total o parcial de competencias con sus funciones y servicios asociados.

Que la descentralización de competencias del Estado hacia los municipios, por su relación de cercanía con la población, permite adoptar decisiones más acertadas en cuanto a la asignación de los recursos; hace más eficiente su administración; aprovecha mejor los recursos humanos y materiales a nivel local; fomenta la participación ciudadana, además de asegurar el acceso equitativo a los servicios públicos.

Que por todo lo anteriormente expuesto, resulta necesaria la aprobación de  una  ley  que  regule  el  proceso  de  descentralización hacia  los municipios, para lograr que se ejecute de una manera firme, progresiva, responsable, participativa, irreversible y sostenible, sin perjuicio del derecho que tiene el Poder Ejecutivo de implementar otras modalidades de intervención tales como el concesionamiento, la delegación o la tercerización.

Índice

Cap I: Disposiciones Generales

Cap II: De las competencias

Cap III: Etapas del proceso de descentralización

Cap IV: Participación y control social de la descentralización

Cap V: Marco institucional

Cap VI: Disposiciones finales

Ley de Descentralización del Estado de Honduras

  • 1. Cap I
  • 2. Cap II
  • 3. Cap III
  • 4. Cap IV
  • 5. Cap V
  • 6. Cap VI
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  • 1. ARTÍCULO 3.-Otras modalidades de intervención
     

    Las disposiciones de esta Ley, no desconocen lo establecido en otras leyes en materia de concesionamiento, desconcentración, descentralización, delegación y tercerización, contando con la  debida  coordinación con  los  Gobiernos Locales  y  socialización y aprobación de las comunidades  en cabildo abierto, sin perjuicio del derecho preferente que esta ley le otorga a los Municipios.

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  • 2. ARTÍCULO 1.-Naturaleza y objetivo de esta Ley
     

    La presente Ley es de orden público  y tiene por objeto regular y promover el proceso de Descentralización del Estado, como medio para impulsar  el desarrollo integral del país.

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  • 3. ARTÍCULO 2.-Descentralización. concepto y obligatoriedad
     

    La descentralización es parte del proceso de democratización y modernización del Estado; por tanto su ejecución es de carácter obligatoria.

    Es el proceso mediante el cual se transfiere     total o parcialmente, a los municipios y mancomunidades, por conducto de sus autoridades, de manera gradual, progresiva, responsable y planificada; competencias, funciones, servicios asociados, capacidades y recursos,  desde  las  Secretarías de  Estado, Empresas e  Institutos Públicos, denominados igualmente como organismos descentralizadores, a fin de hacer más democrática, eficiente, transparente y participativa la gestión pública, para así alcanzar un desarrollo económico, social, político y cultural más equilibrado de Honduras.

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  • 4. ARTICULO 4-Definiciones y conceptos
     

    Para efectos de la presente Ley se definen los siguientes conceptos:

    Organismo Receptor: Es el municipio a través de su corporación municipal o la mancomunidad establecida para el caso, responsable de ejercer la titularidad de las competencias y los recursos que el Estado a través de las entidades del Gobierno Central les transfiere en el marco de esta Ley, para brindar los servicios públicos más próximos al ciudadano.

    Organismos Descentralizadores: Son las Entidades del Gobierno Central (Secretarías de Estado e Instancias Desconcentradas y Descentralizadas), responsables directos de la planificación, ejecución y administración de las acciones de descentralización y del apoyo para la puesta en marcha y operación de competencias y servicios públicos a descentralizar, bajo los lineamientos del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización y la coordinación de la Secretaria de Derechos Humanos Justicia Gobernación y Descentralización.

    Comisión Especial de Descentralización del Estado: Es el órgano máximo de deliberación, concertación de la políticas públicas en materia de Descentralización; estas  las someterá  a la aprobación del Presidente de la República.

    Foro Consultivo de Descentralización (FCD): Organismo de asesoría y consulta para la descentralización del Estado, el cual estará conformada por representantes del Gobierno Central, Gobierno Municipal y Sociedad Civil, Academia, cuyo funcionamiento y organización se regulará en su reglamento.

    Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD): Responsable a lo concerniente al Gobierno del Interior de la República, incluyendo la coordinación, enlace, supervisión y evaluación de los regímenes departamental y municipal; la descentralización y la participación ciudadana; el desarrollo económico local; la infraestructura social; y el equipamiento en el ámbito local.

    Dirección General de Descentralización del Estado de Honduras (DGDEH): Responsable de la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la presente Ley, impulsando el proceso de descentralización y los mecanismos de articulación de los organismos descentralizadores con los organismos receptores de la descentralización, a nivel central y municipal, bajo un enfoque regional.

    Organismo de Derecho Privado auxiliares de la Administración pública: Son organismos de derecho privado auxiliares de la Administración Pública los curadores administrativos, los centros asociados, patronatos, asociaciones comunitarias, los concesionarios del Estado, las alianzas público-privadas, los fideicomisos que presten un servicios al Estado o las personas jurídicas de derecho privado que por propiedad o gestión sean controladas por la Administración Pública… El Estado no es responsable ante terceros por los daños y perjuicios que provoquen los organismos de derecho privado auxiliares de la Administración Pública”. (Definido por la Ley General de Administración Pública).

    Mancomunidad: Es una entidad territorial local, auxiliar y subordinada a los municipios miembros, sujeta al derecho público y exclusivamente gestora y ejecutora por delegación, de programas, proyectos y servicios de interés prioritario, que permiten a sus miembros abordar de manera conjunta problemas que no pueden afrontarse individualmente.

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  • 5. ARTÍCULO 5- Objetivos de la descentralización
     

    Para los efectos de esta Ley, los objetivos de la descentralización son los siguientes:

    1)  Contribuir a la democratización del Estado y a la racionalización de la inversión y del gasto público, mediante el ordenamiento y traspaso de autoridad, competencia y recursos bajo criterios de eficiencia, transparencia, equidad y corresponsabilidad fiscal, mediante el ordenamiento y traspaso de autoridad, competencia y recursos bajo criterios de eficiencia, transparencia, equidad y corresponsabilidad fiscal

    2)  Crear     condiciones    favorables     para     el     desarrollo     integral, la competitividad  y  cooperación  local  y  regional,  que  contribuyan  a disminuir los desequilibrios, la pobreza y la extrema pobreza, mediante la generación de  mayores oportunidades de  empleo,  incremento de  la producción y del ingreso nacional.

    3)  Mejorar los resultados de la gestión pública a nivel nacional y municipal, mediante un ejercicio eficaz y eficiente de las competencias y de la prestación de los servicios públicos, que se traduzca en un aumento sostenible de la cobertura, calidad y pertinencia de los mismos, acordes con la demanda y preferencias de la población.

    4)  Ampliar los  espacios de la ciudadanía en  la  planificación, control y rendición de cuentas de la gestión pública descentralizada, a fin        de fortalecer la cultura de participación ciudadana, logrando con ello más transparencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos.

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  • 6. ARTÍCULO 6- Principios orientadores
     

    El proceso de Descentralización del Estado se rige por los siguientes principios orientadores:

    1)  Subsidiariedad: Tiene por objeto garantizar una toma de decisión lo más cercana a la población.

    2)  Sostenibilidad: La gestión para la descentralización del Estado es un proceso                  continuo,   donde    todos    los    actores    asumen   su    propia responsabilidad. Ello implica que la transferencia de competencias, funciones y servicios asociados a los municipios, conlleva igualmente el traspaso de la autoridad sancionadora y captación eficiente de los ingresos municipales,   así como la provisión y la entrega oportuna y consistente,       por parte de los organismos descentralizadores, de los recursos técnicos, legales, financieros y administrativos.

    3)  Equidad: Los municipios están obligados a brindar a su población que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, un trato justo y participativo adecuado a su propia condición y a garantizar su acceso a los servicios públicos descentralizados.

    4)  Gradualidad: El proceso de descentralización debe realizarse en forma gradual, responsable y progresiva, en función de las capacidades institucionales de las municipalidades, a fin de garantizar que sea ordenado y exitoso.

    5)  Complementariedad: Para aquellas competencias y servicios que se descentralizan y que por su complejidad excedan las capacidades institucionales o de gestión de las municipalidades, el o los Organismos

    Descentralizadores   tienen el         deber  de       contribuir       técnica y financieramente y de manera temporal con la prestación de los mismos.

    6)  Responsabilidad    Fiscal     a     nivel     central     y     municipal: Las competencias y responsabilidades que son descentralizadas a los Organismos  Receptores  deben  ser  desvinculadas totalmente  de  los Organismos Descentralizadores correspondientes, para evitar duplicidad de gasto y lograr un proceso fiscalmente responsable y sostenible.

    Las municipalidades deben actuar    esforzada y diligentemente en el ejercicio de las competencias y en la prestación eficiente de los servicios descentralizados, garantizando la sostenibilidad fiscal, mediante el aprovechamiento de los recursos locales y del establecimiento de límites al gasto de funcionamiento, así como de una mayor movilización de recursos propios, el mejoramiento de la calidad del gasto y del cuidado porque los     niveles de endeudamiento sean congruentes con la capacidad de repago. Una Ley especial regulará el manejo sostenible de las finanzas públicas municipales.

    7)  Competencias con recursos y recursos con competencias: No se descentralizarán  competencias  a  los  municipios sin  los  recursos requeridos para su implementación y financiamiento; tampoco se transferirán recursos a éstos, sin que existan competencias específicas asociadas a dicho financiamiento. En todo caso no se deberá duplicar las asignaciones presupuestarias en el Gobierno Central con respecto a las funciones descentralizadas al municipio.

    8)  Asignación de recursos por demanda: Las decisiones de asignación de  competencias  y  recursos  a los  Organismos  Receptores  de  la descentralización, deben satisfacer las demandas y necesidades reales de la población meta; mediante procesos y modelos de planificación y gestión participativa, los cuales deben estar en correspondencia con los objetivos del desarrollo nacional y municipal.

    9)  Transparencia y Rendición de Cuentas: La descentralización incluye la realización de acciones que impulsen la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los funcionarios en el gobierno central y en  los  gobiernos  municipales,  promoviendo  la  ética  en  todas  las acciones públicas y privadas, garantizando a la población el acceso a la información de la administración pública y eliminando la discrecionalidad en su manejo.

    10) Participación Incluyente de la ciudadanía y la Sociedad Civil: Induce el involucramiento de actores sociales y la creación de amplios espacios de participación de los ciudadanos   y de la sociedad civil organizada, con la finalidad de hacer valer sus derechos e incidir en el diseño, gestión e  implementación de las políticas públicas en los diferentes niveles del gobierno, sin ninguna discriminación por razones de género, edad, religión, política, raza, etnia, discapacidad o de cualquier otro tipo.

    11) Voluntariedad: La descentralización es un proceso voluntario en el cual el organismo receptor debe manifestar el interés en asumir las responsabilidades y competencias inherentes a los órganos descentralizadores.

     

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  • 7. ARTÍCULO 7 - Criterios orientadores básicos
     

    Sin perjuicio de la normativa  técnica  que  defina  cada  organismo  descentralizador, los  criterios orientadores básicos generales que garanticen un proceso de descentralización efectivo y eficiente, son:

    1 Contar con mecanismos y procesos de participación ciudadana en el sector;

    2 Tener instancias participativas de rendición de cuentas y mecanismos de transparencia;

    3 Mostrar disponibilidad de asignación de recursos financieros a invertirse en el sector o haberse realizado inversiones en el sector;

    4 Contar o capacitar recursos humanos en el sector ; y,

    5 Poseer o desarrollar sistemas básicos de información relacionados con el sector.

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  • 8. ARTÍCULO 8 - Sectores prioritarios
     

    Sin perjuicio de otros que demanden los municipios, los sectores  prioritarios  para  la  descentralización son  los siguientes:

    1)  Seguridad, con énfasis en prevención y seguridad ciudadana.

    2)  Educación, con énfasis en atención pre-básica, básica y vocacional.

    3)  Salud, con énfasis en atención primaria y secundaria.

    4)  Infraestructura social y productiva básica, con énfasis en: construcción y mejoramiento  de  centros      educativos   y    de salud, infraestructura deportiva,  recreacional    y   cultural, mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria, sistemas de agua potable y saneamiento básico, electrificación rural, sistemas de riego, centros de información y centros de acopio.

    5)  Ambiente, con  énfasis en evaluación de impacto ambiental,  planes de manejo y de gestión ambiental.

    6)  Regulación del transporte público urbano.

    7)  Desarrollo rural y urbano.

    8)  Programas y proyectos de protección social;

    9)   Producción agroalimentaria sostenible

    10) Emprendimientos comunitarios

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  • 1. ARTÍCULO 9 - Clasificación por categorías
     

    Para lograr una adecuada complementariedad y ordenamiento del proceso, se clasifican las competencias en las siguientes categorías:

    1)  Competencias  Reservadas   al  nivel  central: son  aquellas  cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva a las entidades del nivel central y que en ningún caso pueden ser objeto de descentralización.

    Corresponde exclusivamente a  las  entidades  del  nivel  central,  en  todo  el territorio nacional, las competencias reservadas, siguientes:

    a) El ejercicio de la representación legal del Estado en su conjunto;

    b) La normatividad, formulación, planificación, asignación de recursos, ejecución, supervisión, seguimiento, monitoreo y evaluación de:

    i.-La dirección de la política y las relaciones internacionales, incluyendo la migración, la cooperación, el endeudamiento y comercio exterior;

    ii.-La defensa nacional;

    iii.-El registro y abanderamiento de buques mercantes y aeronaves;

    iv.-La administración de los bienes nacionales fiscales;

    v.-La explotación o concesionamiento para la investigación, exploración                        y   aprovechamiento   de       recursos metálicos, hidrocarburos, gas natural y piedras preciosas, así como del espectro radio eléctrico, de las aguas y bienes nacionales de dominio eminente; no obstante las entidades del nivel central deben compartir con los municipios, los beneficios que de ello se deriven, tal como lo prescribe la Constitución de la República;

    vi.-La declaración y conservación de las zonas nacionales protegidas o de reserva, tales como forestales, humedales, vida silvestre, antropológicas, arqueológicas, paleontológicas, históricas, militares o cualquier otra de importancia nacional; sin perjuicio del derecho que tienen los municipios de establecer sus propias zonas protegidas y de contribuir a su protección;

    vii.- Servicios     públicos     que     se      prestan     en centros especializados con cobertura en más de un municipio, salvo que sean operados bajo la modalidad de mancomunidad;

    c) La regulación, control y supervisión de:

    i.-El transporte aéreo y marítimo;

    ii.-El  transporte  terrestre  operado  internacionalmente.

    iii.-El régimen económico establecido en la Constitución de la República;

    d) La normatividad de los símbolos patrios y feriados nacionales;

    e) La administración de:

    i.-Los  registros  nacionales;  sin  perjuicio  de  los  registros municipales;

    ii.-Los  sistemas  nacionales digitales  e  inter-operativos  de información y prestación de servicios públicos.

    f) La facultad de normar jurídica y técnicamente la prestación de cualquier servicio público, y;

    g) Las demás exclusivas  que  se  le  atribuyan  conforme  a  la Constitución de la República, leyes, tratados y convenciones internacionales.

    Las entidades del nivel central en ningún caso pueden  renunciar su potestad de normar y supervisar la prestación de servicios públicos.

    2)  Competencias Privativas del Municipio: Son aquellas cuyo ejercicio corresponde exclusivamente al municipio de acuerdo a la Constitución de la República y a la ley que regula el Régimen Municipal.

    3)  Competencias     Concurrentes:      Son     aquellas     cuya titularidad corresponde tanto al nivel central como al nivel municipal, debido a que su dimensión demanda un esfuerzo conjunto de ambos niveles de Gobierno;          por   lo  tanto, deben ser compartidas y ejercidas armónicamente, hasta tanto los municipios adquieren la capacidad institucional para ejercerlas en forma descentralizada.

    4)  Competencias    Descentralizadas    al     Municipio:     Las     que, en cumplimiento y conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, son asumidas por los municipios.

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  • 2. ARTÍCULO 9.1 - Financiación de competencias
     

    Los municipios contribuirán con la financiación de las competencias de acuerdo a sus capacidades de recursos técnicos y financieros, contando con el acompañamiento del Gobierno Central, para lo cual se crearan las normas e instrumentos necesarios para su implementación, teniendo como marco referente el Plan de Descentralización.

    Lo dispuesto sobre el financiamiento de las competencias descentralizadas se reglamentara por el Poder Ejecutivo en coordinación con la AMHON.

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  • 1. ARTÍCULO 10 - Etapas
     

    El proceso  de descentralización se desarrolla conforme las siguientes etapas:

    1)  Aprobación del plan general de Descentralización y la formulación de su Presupuesto: EL Plan General de Descentralización es el documento en el que se identifican las competencias, funciones o servicios a descentralizar con la determinación de sus perfiles, actividades, metas, responsables, presupuesto estimado y los indicadores para medir el avance de su ejecución.

    Los organismos descentralizadores están obligados a presentar el plan general de descentralización ante la Secretaría de Estado en los Despachos de  Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD), la cual los consolidará en un solo documento, antes de remitirlo a la CEDE para su aprobación.

    Dicho plan contara con planes operativos anuales y se realizara el seguimiento de manera permanente.

    2)  Certificación de  capacidades: Es  el  proceso  mediante  el  cual  se acredita que el municipio cumple con todos los requisitos para ejercer la función o prestar el   servicio  objeto de la descentralización; la acreditación debe ser extendida por el Organismo Descentralizador, si este se negare y hubiere controversia sobre la materia, ella será resuelta por la CEDE.

    3)  Traspaso de Competencias a descentralizar: Es el acto mediante el cual se formaliza la entrega de la titularidad de la competencia, función o servicio, según sea el caso, así como los respectivos sistemas, bienes muebles e inmuebles, corporales, incorporales  e inmateriales, en aptas condiciones de funcionamiento, así como los títulos, documentos y estudios necesarios para cumplir con las mismas. En el acta de traspaso se establecerán las regulaciones y financiamiento convenidos entre ambas partes, a que estará sujeto el ejercicio de la competencia, función y servicios asociados, una vez que haya sido descentralizada.

    El reglamento de esta ley regulará cada una de estas etapas.

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  • 2. ARTÍCULO 10.1 - Nuevo
     

    Las competencias que se descentralicen a las municipalidades en el marco de la presente ley, serán financiadas con los recursos del presupuesto  General de Ingresos y Egresos de la República de los recursos ya existentes en los presupuestos de las Secretarias de Estado, de las empresas e institutos públicos y con base al plan de descentralización definido en la CEDE, sin menoscabo de las transferencias que reciben las municipalidades con base a la ley de municipalidades.

    Este financiamiento deberá garantizar la adecuada prestación de las competencias y el aumento de las coberturas, garantizando la sostenibilidad fiscal de conformidad con la legislación nacional vigente.

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  • 3. ARTÍCULO 11 - Seguimiento, monitoreo y evaluación
     

    El proceso de descentralización, está sujeto al seguimiento en forma permanente por medio de la Secretaria de Derechos Humanos Justicia, Gobernación y Descentralización quien presentará un informe anual.

    El monitoreo y evaluación  del proceso de descentralización, estará a cargo de la Dirección Presidencial de Gestión por Resultados, adscrita a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno; quien deberá entro otros, emitir un informe anual de resultados para ser presentado a la Presidencia de la República y demás instancias relacionadas.

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  • 4. ARTÍCULO 12 - Recursos Humanos afectados por la descentralización
     

    La administración y gestión de los recursos humanos puede ser transferida a la municipalidad garantizando las prestaciones e indemnizaciones sociales protegidos por la Constitución y demás normas que regulan la materia laboral.

    Los entes Receptores podrán nombrar o contratar los servicios de los empleados que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley, laboren en los Organismos Descentralizadores. La selección de personal deberá hacerse previa evaluación curricular, técnica, psicométrica e historial del desempeño y en base a lo establecido en la Ley de Carrera Administrativa Municipal (CAM).

    Cuando la ejecución del proceso de descentralización implique cambio de autoridad nominadora, los recursos financieros para proteger los derechos laborales deberán estar definidos en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República asignados al organismo descentralizador y contemplados en el plan de descentralización.

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  • 5. ARTÍCULO 13 - Irreversibilidad
     

    Una vez transferida la competencia, función o  servicio  asociado,  su  respectiva  titularidad  es  irreversible;  por  tanto  los municipios conservan en todo tiempo la titularidad de las competencias, funciones y servicios asociados a ésta, que le han sido descentralizadas, se exceptúan los casos del artículo 15.

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  • 6. ARTÍCULO 14 - Supervisión
     

    El organismo descentralizador, en forma coordinada con la SDHJGD, efectuará la supervisión  de la competencia descentralizada, lo  que implica la  emisión de recomendaciones de obligatorio cumplimiento para mejorar el ejercicio de la competencia y funciones asociadas, así como para la prestación del servicio correspondiente.

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  • 7. ARTÍCULO 15 - Continuidad y eficiencia en la prestación del servicio
     

    Si los resultados de la supervisión, monitoreo y evaluación reflejaren  que  el  servicio no se está  prestando conforme a la normativa técnica  o se  ha descontinuado, el organismo descentralizador debe prestar la asistencia técnica y financiera requerida para la prestación eficiente del servicio con las características establecidas en el documento de traspaso de competencias, con cargo, cuando proceda, a la transferencia por competencias descentralizadas correspondiente, hasta lograr los niveles de eficiencia convenidos.

    Si ello no fuese posible, el organismo receptor con el acompañamiento del organismo descentralizador y previo consulta con representantes de la comunidad, puede decidir que el servicio se preste por medio de cualquiera de las siguientes alternativas:

    1) Un Organismo  de  Derecho  Público o Privado  Auxiliares  de  la   Administración Pública, debidamente certificado por el organismo descentralizador;

    2)  A través de una mancomunidad, debidamente certificado por el organismo descentralizador.

    Todo lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal, cuando corresponda.

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  • 8. ARTÍCULO 16 - Inafectabilidad del patrimonio descentralizado
     

    Con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los  servicios  públicos  descentralizados, los  bienes afectos  a  la  misma  y  los recursos provenientes de la transferencia por competencias descentralizadas, así como los ingresos que genere por dicha prestación, son un patrimonio separado del resto de los bienes y pasivos del municipio y no pueden gravarse como garantía, como tampoco ser objeto de medidas cautelares o de remate.

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  • 9. ARTÍCULO 17 - Incumplimiento del organismo descentralizador. Solución de controversias
     

    Si una vez efectuada la transferencia de competencia, funciones o servicios, los organismos descentralizadores incumplieren su obligación de hacer el pago de la transferencia por competencias descentralizadas en las fechas establecidas en el documento de traspaso de competencias, los municipios tienen derecho, por sí o por medio de la AMHON, a presentar el reclamo administrativo correspondiente y una vez agotada la vía administrativa, someterá el asunto obligatoriamente a  los procedimientos de conciliación y arbitraje de derecho, técnico o de equidad que se establecen en la ley respectiva. Bajo el mismo procedimiento resolverán las demás controversias.

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  • 1. ARTÍCULO 18 - Participación ciudadana y presupuesto
     

    El proceso de descentralización            debe incluir, promover y garantizar mecanismos de participación ciudadana establecidos en el ordenamiento jurídico del país. Para este  efecto  en  la  elaboración  del  presupuesto  anual  del  municipio,  en  la aceptación de la oferta y en la formulación de ampliación de la demanda de descentralización,  deberá  oírse  la  opinión de la comunidad y organizaciones comunitarias del Municipio.

    Las municipalidades podrán delegar, concesionar en los patronatos y las organizaciones comunitarias reconocidas conforme a la ley, la ejecución y mantenimiento de obras, programas y servicios públicos de su comunidad.

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  • 2. ARTÍCULO 19 - Auditoría social municipal
     

    Los patronatos, las organizaciones comunitarias, el Comisionado Municipal y la Comisión Ciudadana de Transparencia, conforme a la presente Ley, tienen facultades para realizar en el municipio, la auditoría social del proceso de descentralización, ejecución del presupuesto, así como de la gestión de las competencias descentralizadas que se ejecuten en sus respectivos territorios.

    En  caso  necesario,  por  medio  de  la  correspondiente denuncia,  solicitarán  al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la práctica de la intervención fiscalizadora respectiva,          así como la intervención de la SDHJGD, para que los organismos descentralizadores cumplan con las obligaciones que les correspondan; en ambos casos los resultados de dicha gestión deberán ser informados a los peticionarios, dentro del plazo que la Ley prescribe.

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  • 3. ARTÍCULO 20 - Observatorio de la descentralización
     

    Crease el Observatorio de la Descentralización con el propósito de dar seguimiento, monitoreo y  evaluación, desde  una  perspectiva independiente, al  proceso  de descentralización del Estado. Dicho Observatorio funcionará como un organismo de derecho público que deberá ser dirigido por una asociación civil especializada en el tema, y la academia, con experiencia y trayectoria institucional en el sector. Un reglamento especial regulará el funcionamiento del mismo.

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  • 1. ARTÍCULO 21 - CEDE
     

    Crease la Comisión Especial para la Descentralización del Estado, en adelante denominada la CEDE, es el órgano máximo de deliberación, concertación de la políticas públicas en materia de Descentralización; estas  las someterá  a la aprobación del Presidente de la República.

    La CEDE estará, conformada por los titulares o sus sustitutos legales siguientes:

    1 Secretaria de Estado en la Coordinación General de Gobierno, quien la presidirá

    2 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización.

    3 La Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, quien ejercerá la Secretaria Técnica.

    4 La Secretaria de Finanzas;

    5 Representantes de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), nombrados por su Junta Directiva, debiendo acreditarlos ante la Secretaría de  la  CEDE,  en  igual  número  de miembros  que  los representantes de las entidades del nivel central.

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  • 2. ARTÍCULO 22 - SDHJGD
     

    La Secretaría de Estado en   los  Despachos  de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, sin perjuicio de otras atribuciones que le confieren las leyes y reglamentos, será el ente responsable de:

    1) Rectorar, coordinar, dirigir e impulsar del proceso de descentralización y los mecanismos de articulación de los organismos descentralizadores con los organismos receptores  de la descentralización, a nivel central y municipal, bajo un enfoque regional.

    2) Promover  los  procesos  de  desarrollo  institucional  de  las

    Municipalidades en el ámbito de su gestión integral

    3)  Promover procesos de desarrollo económico local y crear una cultura de competitividad por parte de las municipalidades.

    4)  Promover las mancomunidades de municipios para aprovechar las economías de escala que faciliten la descentralización.

    5)  Regular y coordinar procesos de planificación del desarrollo municipal y regional de conformidad con la respectiva Ley.

    6)  Impulsar procesos de gobernabilidad local, mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana y el control social requerido para un proceso de descentralización sostenible y transparente.

    7) Coordinar con el organismo descentralizador, la disponibilidad de financiamiento                              y     movilizar    otros     recursos    requeridos    para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios.

    8)  Fortalecer   las   gobernaciones   departamentales   como    instancia de coordinación interinstitucional, para el proceso de descentralización.

    9)  Velar  porque  el  Poder  Ejecutivo  mantenga  su  representación en          la CEDE y por el correcto funcionamiento de la misma.

    10) Coordinar con  los  organismos descentralizadores la  formulación del plan anual de descentralización.

    11) Evaluar, dar seguimiento y monitorear el proceso de descentralización del Estado, con base a la creación y operación de un Sistema Nacional de Indicadores para la Descentralización del Estado asociado al cumplimento del plan anual de descentralización, Plan de Nación y de las metas y objetivos de la  Visión de País, en alineamiento con la Secretaría de Estado de Coordinación General de Gobierno.

    12) Organizar, administrar y mantener actualizado el Registro Público de Descentralización en el cual se inscribirán los actos que determine el Reglamento General de ésta ley.

    13) Otras que le confieren ésta y demás leyes y sus reglamentos, así como las que le delegue la CEDE.

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  • 3. ARTÍCULO 23 - Atribuciones del gobierno municipal
     

    Son atribuciones y obligaciones  de  los  gobiernos  municipales, en materia de descentralización del Estado, las siguientes:

    1)  Mantener su representación en la CEDE por medio de la AMHON;

    2)  Organizar  y  formular  la  propuesta  de  demanda  de  competencias a descentralizar, incluyendo las adicionales no ofertadas, conjuntamente con el Consejo de Desarrollo Municipal;

    3) Contribuir en su evaluación de capacidades y en su proceso de certificación, como requisito para la descentralización de competencias, funciones, servicios, autoridad, recursos y conocimientos;

    4Ejercer responsable y de forma autónoma las competencias, que le otorga esta Ley, la ley de municipalidades y su reglamento y otras leyes afines, así como las que les sean descentralizadas;

    5)  Demandar de  los  organismos descentralizadores que  se     brinde  la capacitación y asistencia técnica requerida para desarrollar el proceso de descentralización.

    6)  Coordinar con la SDHJGD el seguimiento a los indicadores establecidos del proceso de descentralización;

    7) Asistir a los organismos descentralizadores en la ejecución del proceso de descentralización y en el seguimiento, supervisión y evaluación respecto de las competencias y recursos descentralizados; y,

    8) Presentar a la SDHJGD informes trimestrales respecto del cumplimiento de los convenios y del documento de traspaso.

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  • 4. ARTÍCULO 24 - FCD
     

    Crease el Foro Consultivo para la Descentralización (FCD) como un organismo de asesoría y consulta para la descentralización del Estado, el cual estará conformada por representantes del Gobierno Central, Gobierno Municipal y Sociedad Civil, Academia, cuyo funcionamiento y organización se regulará en su reglamento interno.

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  • 5. ARTÍCULO 25 - Dirección de descentralización del estado de Honduras
     

    Créase la Dirección General de Descentralización del Estado de Honduras (DGDEH), dependiente de la SDHJGD y dirigida por un Director General nombrado por el Titular de dicha Secretaría.

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  • 6. ARTÍCULO 26 - Mecanismo de coordinación para el financiamiento de capacidades locales
     

    La  coordinación  del financiamiento para el fortalecimiento de las capacidades de las Municipalidades a fin que puedan asumir las competencias descentralizadas, está a cargo de la Secretaria de Derechos Humanos de Justicia Gobernación y Descentralización.

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  • 1. ARTÍCULO 27 - Adecuación legislativa
     

    Cada organismo descentralizador, coordinado por la SDHJGD, debe formular en forma concertada con la AMHON y las Organizaciones comunitarias y Academia, los anteproyectos de ley y proyectos  de  reglamento  que  estime  necesarios, para armonizarlos con la presente ley.

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  • 2. ARTÍCULO 28 - Convenio con organismos privados
     

    Las municipalidades, en  coordinación  con  los  organismos  descentralizadores y previa consulta con las organizaciones comunitarias , en  el ejercicio de sus facultades, podrán celebrar convenios y contratos con organismos de derecho privado para que las auxilien en el cumplimiento de las competencias, funciones y servicios que le sean transferidas al amparo de esta ley.

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  • 3. ARTÍCULO 29 - Derecho preferente de adquisición de los municipios y mancomunidades
     

    Cuando en el nivel central se proponga la celebración de una alianza público-privada, concesionamiento, delegación    de sistemas, servicios, bienes nuevos o usados, previamente deberá coordinar con la debida anticipación a los municipios, particularmente a aquellos en donde se encuentre el bien o donde haya de prestarse el servicio, con el propósito que puedan optar preferentemente, por si o conjuntamente con otros, a la adquisición del sistema, bien u operación de la prestación del servicio.

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  • 4. ARTÍCULO 30 - (Transitorio) Reglamento general
     

    El Poder Ejecutivo en coordinación con la AMHON deberá aprobar el Reglamento General de la presente Ley, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la vigencia de la misma.

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  • 5. ARTÍCULO 31 - (Transitorio) Formulación de la primera oferta consolidada de descentralización
     

    La elaboración   del primer plan general de descentralización, deberá terminarse a más tardar dentro de los noventa  (90) días hábiles siguientes a la vigencia de la presente ley

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  • 6. ARTÍCULO 32 - Vigencia
     

    La presente Ley entra en vigencia después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

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