El agua es el recurso natural que más tensiones sociales y desafíos administrativos, presenta para los gobiernos locales y centrales. La administración óptima y justa, de este recurso garantiza la viabilidad de otros procesos fundamentales para el desarrollo local, como la construcción de infraestructura y la realización de actividades económicas diversas.

Más allá de los beneficios obvios para la agricultura y la ganadería de cada región, la administración racional del agua, permite el establecimiento de procesos de saneamiento y salud pública preventiva que subyacen en el desarrollo social de cualquier región.

La Ley de Descentralización establece los protocolos necesarios que deben efectuar las municipalidades y diferentes mancomunidades, para hacerse cargo de la administración de los recursos hidrológicos de cada zona geográfica, su distribución y manejo.

En la administración del recurso agua, no basta la acción de los profesionales calificados para ello; son de vital importancia, la participación activa de los ciudadanos y la mediación de las autoridades locales, pues de los recursos hidrológicos dependen casi todas las actividades que conforman la vida de las comunidades.

El Estado de Honduras acompañará en forma permanente a las alcaldías y mancomunidades, en sus respectivas gestiones locales de sus recursos hidrológicos, con sus instituciones y personal calificado para ello, sin restar o perjudicar el protagonismo central de las comunidades, logrando la apropiación de este recurso por los ciudadanos.

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